Deriva del principio del bien común.

La Tierra no pertenece a unos pocos seres humanos, sino a todos por igual. En consecuencia, los bienes deben llegar a todas las personas en forma equitativa. Toda persona debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo.

La Iglesia Católica considera que el destino universal de los bienes se enmarca dentro del derecho natural. Nadie tiene que otorgarlo, se posee desde la concepción. Además es prioritario. Ninguna ley o norma tendría que ser contraria al destino universal de los bienes.

El destino universal de los bienes no deriva de una deformación comunista del mensaje de Jesucristo. No significa que todo esté a disposición de cada uno o de todos, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno o a todos. Hace falta concretar mediante las leyes cómo se pone en práctica el destino universal de los bienes.

Son legítimas las diferentes formas de propiedad (privada, colectiva, pública, cooperativa, etc…). Pero para serlo de un modo efectivo han de estar orientadas a la vivencia del destino universal de los bienes, al derecho de toda persona a disponer de lo necesario para vivir con dignidad.

Si lo anterior no se da se está produciendo una injusticia que debe ser erradicada.