Aspectos de la vida

Deriva del principio del bien común. Implica que la Tierra (como planeta) no pertenece solo a unos pocos, sino a todos por igual. Por tanto, los bienes que de aquella se deriven deben llegar a todas las personas en forma equitativa. Toda persona debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo.

Por supuesto. La propiedad privada asegura a cada persona una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar. Pero es importante recordar que el derecho a la propiedad privada no es absoluto ni intocable. En el uso de lo privado se deben perseguir las ventajas personales y familiares tanto como el bien común.

El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con especial solicitud por los empobrecidos, que son personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento personal adecuado. La práctica de la caridad no se reduce a la limosna, sino que implica la atención a la dimensión social y política del problema.

La opción preferencial por los pobres implica que en la lucha por hacer efectiva la igual dignidad de todas las personas se debe comenzar por aquellas personas que viven bajo peores condiciones de vida.

Deriva del principio de subsidiaridad. Se expresa en una serie de actividades mediante las cuales los ciudadanos contribuyen a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad a la que pertenecen. La participación es un deber que todos hemos de cumplir con vistas al bien común.

Es competencia de la Iglesia proclamar los principios morales y dar su juicio sobre cualquier asunto humano en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.

Por tanto, nada que esté relacionado con la comunidad humana es ajeno a la evangelización, incluido el orden social.

El principio del destino universal de los bienes invita a replantear la economía para inspirarla en valores morales que permitan tener presente el origen y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo justo y solidario.

La Iglesia no condena los bienes económicos y la riqueza en sí mismos, sino su mal uso (estafas, usura, explotación, injusticias…). Esta condena tiene su origen en las denuncias proféticas de las Sagradas Escrituras.

La Iglesia tiene pleno derecho para hablar de cuestiones políticas porque forma parte de su misión anunciar y comunicar el Evangelio en todo momento y lugar. Pero es importante recordar que la Iglesia no debe confundirse con la comunidad política y que no está ligada a ningún sistema político.

Iglesia y política son independientes y autónomas, pero las dos tienen en común que están al servicio de la vocación personal y social de las personas.

La sociedad civil es el conjunto de relaciones que se establece entre los individuos y las sociedades intermedias. La red de estas relaciones constituye la base de una verdadera comunidad de personas.

La Iglesia Católica defiende la libertad religiosa y afirma que es querida por Dios y que está inscrita en la naturaleza humana. El anuncio del Evangelio no debe responder a una imposición.

El trabajo pertenece a la condición originaria de la persona humana; no es ni un castigo ni una maldición. El trabajo debe ser honrado porque es fuente de riqueza e instrumento eficaz contra la pobreza, pero no se debe ceder a la tentación de idolatrarlo.

Además, la enseñanza bíblica añade el mandato del descanso semanal. El descanso abre a las personas la perspectiva de una vida más plena.

El trabajo humano puede ser analizado desde diferentes perspectivas, de ahí que se hable de distintas dimensiones del trabajo.

El sentido objetivo del trabajo se refiere al conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que las personas se sirven para producir, para “dominar” la Tierra.

El sentido subjetivo del trabajo, por su parte, se refiere al actuar de las personas, que pueden realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su vocación personal.

La dimensión objetiva varía con el tiempo porque cambian las condiciones culturales, técnicas, sociales y políticas.

La dimensión subjetiva permanece estable a lo largo del tiempo, porque no depende de lo que la persona realiza ni del tipo de actividad, sino solo de su dignidad como persona.

La Iglesia Católica defiende los siguientes derechos de los trabajadores:

  • Derecho a una justa remuneración.
  • Derecho al descanso.
  • Derecho a ambientes de trabajo saludables.
  • Derecho a la salvaguarda de la propia personalidad.
  • Derecho a subsidios para trabajadores desocupados y sus familias.
  • Derecho a la pensión y la seguridad social para la vejez o la enfermedad.
  • Derecho a previsiones relacionadas con la maternidad.
  • Derecho a reunirse y a asociarse.

La Doctrina Social de la Iglesia reconoce la legitimidad de la huelga, pero siempre después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos.

Desde los comienzos de la tradición bíblica, la humanidad ha recibido la tarea de cuidar la naturaleza. La crisis ecológica tiene una raíz humana, porque la naturaleza aparece como un instrumento que las personas pueden explotar sin consideración alguna.

Se necesita una ecología integral que proteja no solo el ambiente natural, sino a las personas que habitamos el planeta.

La Doctrina Social de la Iglesia no reniega de las ciencias humanas. Al contrario, se vale de ellas para actualizar su aportación a cada momento concreto de la historia. Ningún saber es excluido.

La Iglesia Católica no enseña que las conquistas científico-técnicas se opongan al poder de Dios. De hecho, la Iglesia afirma que las victorias de la persona son signo de la grandeza de Dios.

Cualquier aplicación científica y técnica debe tener como referencia el respeto de la persona y al resto de criaturas.

La Iglesia Católica valora el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad. La grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su dignidad humana, pero también de su genio femenino.

Los poderes públicos de la comunidad mundial están llamados a examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común universal, por lo que no se puede echar la vista a un lado cuando se trata de evaluar la situación de las personas desplazadas de su tierra o de los refugiados.

Poder emigrar para mejorar es un derecho; tener que emigrar para vivir es una injusticia.

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